Crisis del sistema de salud en Colombia: entre la intervención y el liderazgo extremo
El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis profunda y multidimensional. En 2024, un grupo de exministros de Salud advirtió que el año cerraría en situación crítica, con más de 1.200 hospitales y clínicas (IPS) clausurados, el cierre definitivo de 3.000 servicios médicos y la suspensión temporal de otros 8.000 servicios. Miles de pacientes, especialmente con enfermedades crónicas o raras, han visto interrumpidos sus tratamientos, reflejando un deterioro en el acceso a servicios evidenciado por el aumento de tutelas en salud (40% más que en 2023). Este panorama combina intervenciones estatales en las mayores EPS, problemas estructurales (desabastecimiento de medicamentos, deudas financieras) y una marcada polarización ideológica en torno a la reforma del sistema. A continuación, se analizan estos factores y se plantea cómo los principios del “Extreme Leadership” de Steve Farber podrían inspirar un nuevo liderazgo para superar la crisis.
Intervenciones del gobierno a las EPS y consecuencias
Desde 2022, el Gobierno nacional ha intervenido administrativamente a varias de las mayores Entidades Promotoras de Salud (EPS), argumentando proteger a los usuarios y estabilizar las finanzas del sistema.
En 2024, justo cuando fracasaba en el Congreso una ambiciosa reforma a la salud, el gobierno intervino a EPS Sanitas y a Nueva EPS, dos de las más grandes del país, con 6 y 11 millones de afiliados respectivamente. Estas decisiones fueron percibidas en sectores políticos como retaliaciones contra empresas opositoras a la reforma. Al poco tiempo, EPS Compensar solicitó su liquidación voluntaria por profunda crisis financiera, evidenciando el clima de inestabilidad.
Las intervenciones, lejos de ser indoloras, han traído consecuencias operativas negativas. Según analistas, este cambio abrupto de gobernanza —donde interventores estatales reemplazan a directivos privados— implica un nuevo modelo improvisado de gestión, sin la planeación ni el consenso adecuados. Tatiana Andia, socióloga de la salud, señala que estas medidas “cambian el sistema de salud tal como lo conocemos”, transfiriendo todas las decisiones cotidianas a funcionarios públicos y haciendo irreversible la transformación hacia un sistema estatal. El reto, advierte Andia, está en asegurar mecanismos de transparencia y seguimiento sobre los interventores, para evitar descalabros por corrupción que ya han ocurrido en el pasado.
En términos financieros, las EPS intervenidas han visto un dramático deterioro patrimonial. Por ejemplo, EPS Sanitas pasó de tener +$280 mil millones en 2022 a -$998 mil millones a finales de 2024. Otras EPS como Coosalud, Famisanar, Emssanar o Asmet Salud, que ya registraban patrimonio negativo, aumentaron sus pérdidas a niveles billonarios durante el gobierno actual. Este debilitamiento financiero ha repercutido en demoras en pagos y en la capacidad operativa de las aseguradoras para autorizar servicios.
Más allá de las intervenciones, persisten fallas estructurales graves en el sistema de salud. Entre las principales se destacan:
- Escasez de medicamentos esenciales: El desabastecimiento de fármacos, especialmente para enfermedades crónicas y raras, se ha agravado. Casos dramáticos ilustran su impacto: en septiembre de 2024 murió en Bogotá el niño Juan Manuel Villamil, paciente con enfermedad de Gaucher, tras la suspensión abrupta de su tratamiento cuando la EPS a la que estaba afiliado entró en liquidación y dejó de proveerle cuatro medicamentos vitales. Organizaciones de pacientes alertan que las filas para reclamar medicamentos son interminables y que la falta de fármacos ha generado “incertidumbre y desesperación” generalizadas. Pacientes Colombia reporta un alarmante aumento de quejas por entrega de medicamentos y demoras que antes eran de días ahora se extienden hasta 300 días, especialmente en EPS intervenidas. Muchos enfermos están recurriendo a tutelas para obtener sus medicinas: entre 2020 y 2024 las tutelas por falta de tratamientos básicos aumentaron 273%, pasando de 4.475 casos en 2023 a 8.032 en 2024. Este indicador revela un colapso en la garantía del derecho a la salud, obligando a judicializar la obtención de servicios básicos.
Problemas estructurales: desabastecimiento, deudas y cierre de servicios
- Deudas financieras y falta de pago a prestadores: Las EPS arrastran cuantiosas deudas con hospitales, clínicas y personal de salud. A finales de 2024, las instituciones prestadoras de salud reportaban cuentas por cobrar superiores a $18 billones de pesos. La falta de pago oportuno ha dejado a muchos hospitales sin liquidez para operar. En Antioquia, 19 clínicas advirtieron que las deudas (más de $2,3 billones en esa región) comprometían su continuidad. Los exministros señalan que el déficit acumulado en los mecanismos de financiamiento (como la Unidad de Pago por Capitación, UPC) superará $5,5 billones para fin de 2024, reflejando un desfinanciamiento estructural. Esta situación ha llevado a medidas drásticas: unidades enteras cerradas por inviabilidad económica y proveedores rehusándose a prestar servicios sin garantía de pago.
- Cierre de servicios y deterioro de la red hospitalaria: La combinación de deudas y desorden ha forzado la clausura de numerosos servicios médicos en todo el país. Solo en 2024 cerraron definitivamente más de 3.000 servicios (desde programas de promoción hasta unidades especializadas) y 8.000 servicios adicionales fueron suspendidos temporalmente por crisis financiera. Regiones enteras reportan reducción de capacidad: por ejemplo, la principal maternidad de Bogotá debió cerrar su unidad de neonatos por inviabilidad económica. Estas clausuras agravan la accesibilidad, obligando a pacientes a desplazarse largas distancias o simplemente quedando sin atención disponible.
Polarización ideológica y reforma fallida
El diagnóstico y las soluciones para esta crisis dividen profundamente a la sociedad y la clase política colombiana. Por un lado, el gobierno del presidente Gustavo Petro sostiene que el problema es el modelo de aseguramiento privado implementado desde 1993, al que califica de “mercantil” y acusa de haber “generado cientos de miles de muertes de ciudadanos pobres” al mismo tiempo que enriquecía a empresas. Petro intentó una reforma estructural para eliminar la intermediación financiera de las EPS y que el Estado girara directamente los recursos a hospitales, fortaleciendo la atención primaria. Sin embargo, dicho proyecto no logró consenso político y naufragó en el Senado tras 15 meses de debate.
Frente a ese revés legislativo, el gobierno optó por vías administrativas unilaterales (las intervenciones a EPS) para impulsar sus cambios, lo que ha sido criticado por hacerse “a la carrera” y sin transición planificada. La oposición política y expertos del sector salud advierten que el gobierno busca estatizar completamente la gestión sin reconocer logros del sistema mixto vigente. Los exministros destacan que en 30 años se alcanzó cobertura universal, incremento de la financiación pública del 2,6% al 5,8% del PIB y equiparación de beneficios entre regímenes contributivo y subsidiado. Afirman que nada de esos logros se obtuvo con “retórica ideologizada” sino con construcción técnica continua. En su análisis, la reforma gubernamental no resuelve los problemas estructurales y su implementación vía intervenciones “ha generado un empeoramiento” en indicadores de acceso, reflejado en más tutelas y quejas.
Esta polarización ideológica tiene al sistema de salud en un limbo: de un lado, sectores que apoyan la estatización total como la “solución definitiva” a las falencias actuales; del otro, defensores del modelo con EPS que piden corregir problemas financieros sin desmantelar la estructura existente. Mientras el debate se politiza, los pacientes sufren las consecuencias inmediatas de la inacción coordinada.
Casos emblemáticos: salud del magisterio en crisis
Un ejemplo paradigmático del deterioro es la situación de la salud de los docentes colombianos (magisterio). En mayo de 2024 se implementó un nuevo modelo estatizado para atender a ~900.000 maestros y sus familias, eliminando intermediarios privados (antiguas entidades contratistas) y pasando la administración al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag). El Gobierno presentó este modelo como “piloto” de la reforma nacional, pero en menos de un año muestra signos de colapso financiero.
Según datos oficiales obtenidos por derecho de petición, en sus primeros 8 meses el Fomag acumuló deudas por $469.000 millones con la red de prestadores. Las obligaciones vencidas entre 3 y 6 meses alcanzan $190.000 millones, y las mayores a 6 meses ya superan $279.000 millones. Esta morosidad masiva ha llevado a que múltiples clínicas y hospitales suspendan la atención a docentes. El representante Andrés Forero denunció que en varias regiones se están negando citas, tratamientos y medicamentos a los profesores porque las IPS no reciben pago. De hecho, a partir de enero de 2025 vencieron 2.900 contratos con prestadores que no fueron renovados a tiempo, dejando a miles de maestros “sin acceso a consultas médicas, tratamientos o medicamentos”. Adicionalmente, la plataforma tecnológica “Horus” diseñada para gestionar las autorizaciones no funciona correctamente, causando retrasos prolongados. Fecode, el sindicato docente, ha declarado que la salud del magisterio está en cuidados intensivos. Tras décadas de
problemas, la expectativa era que el modelo estatal mejoraría la atención, pero hoy persiste la crisis e incluso se agravó la falta de oportunidad en los servicios. La situación es tan crítica que Fecode ha amenazado con movilizaciones nacionales si no se toman medidas urgentes para restablecer la atención. El gobierno, por su parte, alega que la implementación ha sido saboteada por corrupción interna en la fiduciaria administradora (Fiduprevisora), y asegura estar tomando correctivos. No obstante, la realidad para los docentes sigue siendo de incertidumbre, ilustrando en microcosmos los desafíos de un sistema público mal planificado: recursos insuficientes, ejecución deficiente y usuarios desprotegidos. En la segunda entrega hablaremos de un modelo de liderazgo que viene como anillo al dedo a esta tormenta perfecta, donde no se culpa a terceros del resultado, y se puede asumir con valentía una solución a fonde del problema. Hablaremos de Extreme Leadeship.
Muy buen resumen sobre la situacion actual en salud